La población colombiana ha sufrido el envite de actores nacionales e internacionales que en el desarrollo de su actividad empresarial han contribuido de manera directa e indirecta tanto al mantenimiento del conflicto armado como a la generación de graves vulneraciones de derechos humanos para la población civil. Se cuenta con casos documentados, investigados y hasta sancionados por tribunales colombianos y de terceros países que demuestran como el tejido empresarial no ha sido ajeno al conflicto armado y ha contribuido, cuando la máxima del beneficio lo dictaba, a mantener una lógica de guerra, despojo de territorio y desplazamiento de la población.

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Ligia María Chaverra: Conpaz

Enrique Chimonja Coy: Justicia y Paz

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